El incendio de un autobús de Movibus cerca de la UCAM ha vuelto a poner en evidencia el deterioro del transporte público gestionado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).
El vehículo, matrícula 9757 HNG, provenía de Madrid, de las concesiones que Interbus tiene allí y que, seguramente, desechó porque no cumplía con los parámetros exigidos por el Consorcio Regional de Transportes. Se matriculó el 20 de diciembre de 2012 (casi 13 años) y tenía la etiqueta ambiental “B”.
Ante un hecho que, independientemente del motivo del incendio y sin prejuzgar, es la consecuencia lógica del mal hacer por parte de la Comunidad Autónoma. Esa CARM que va tarde en los proyectos de electrificación de la flota —pese a recibir “premios” por su labor en ese campo—, que va muy tarde en la adjudicación de las concesiones de transporte y que permitirá que esas nuevas concesiones tengan autobuses diésel de hasta 10 años.
Desde 2009, cuando se prorrogaron las concesiones regionales por diez años a cambio de nada para las empresas (ni mejoras en los servicios) ni para la administración (sin centro de control ni supervisión). Fueron las Leyes 10/2009, 12/2012 y 5/2015, para la Creación del Sistema Integrado de Transporte Público y Modernización de las Concesiones (el resto fueron simples prórrogas de plazos que algunas empresas nunca cumplieron).
En 2015, se aprueba la Ley 10/2015, que establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano y fijaba diciembre de 2019 como fecha clave. Pero nada cambió.
En 2019, las líneas urbanas de Murcia debían pasar a su ayuntamiento, al igual que las de Cartagena. Sin embargo, ninguno estaba preparado. No habían trabajado y la CARM volvió a optar por las prórrogas. A todos les venía bien. No había urgencia.
En agosto de 2021 se anuncia la exposición pública del anteproyecto de las 10 nuevas concesiones que abarcarían toda la Región. Se presentan alegaciones, se estudian y se rehacen los anteproyectos durante 2021 y 2022.
Pero llega la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, y se inventan el famoso “Movibus”, solo para fastidiar. Los contratos se firman el 2 de diciembre de 2021, un día antes del plazo, alegando que se hace “como medida de emergencia”.
Esto se aplicó únicamente en las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. El resto de concesiones siguieron con otra prórroga a la prórroga —allí, aparentemente, no había emergencia—.
Según los contratos, “tendrá una duración máxima de dos años, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.5 del Reglamento (CE) 1370/2007”.
El resultado fue un verdadero caos: servicios escasos, autobuses no aptos y viajeros desplazándose a pie porque no hay suficientes vehículos.
En enero de 2023, el Consejo de Gobierno aprueba las 10 concesiones.
En julio de 2023, se licita la contratación de una empresa para elaborar los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.
En diciembre de 2023, todo vuelve a caducar. Nada se había hecho.
“Fomento busca un resorte legal para licitar las líneas de autobuses”, se dijo entonces.
De nuevo, se acogen al artículo 5.5 del Reglamento (CE) 1370/2007, que claramente establece que “la adjudicación o prórroga de un contrato de servicio público como medida de emergencia no excederá de dos años”.
Con la vuelta del PP a la Glorieta, Movibus prácticamente desaparece al asumir el Ayuntamiento de Murcia parte de los servicios que LAT ofrecía hasta diciembre de 2021. Todo un “éxito” enmascarado bajo el discurso de “evitar duplicidades y ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de movilidad”, cuando ellos mismos habían creado el problema.
En mayo de 2024, los pliegos llegan a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. En septiembre, se aprueban con el voto particular en contra de la propia CARM.
Desde la Consejería solo se aclaró:
“Los pliegos originales de las concesiones se han adaptado a las recomendaciones de la ONE y están dándose los últimos pasos para proceder a su licitación”.
Desde entonces, todo sigue igual. La Consejería se escuda en que “la tramitación de las nuevas concesiones ha implicado un proceso complejo, con planificación detallada, estudios técnicos, evaluaciones económicas y coordinación entre administraciones”.
Mientras tanto, el miedo a recursos o reclamaciones paraliza cualquier decisión. Pese a que los pliegos los redactó una empresa especializada —que cobra por saber hacerlo—, no debería existir tal temor si el trabajo se ha hecho correctamente.
El resultado es evidente: autobuses viejos, mal mantenidos, sin aire acondicionado, contaminantes y poco accesibles.
Es hora ya de dejar de esconderse.
Ayuntamiento de Murcia y CARM: pónganse las pilas.
Hagan algo para mejorar la vida de los habitantes de la Región de Murcia, que sufren el peor transporte público de España.
Por: PLATAFORMA EN DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
