Álex Munné. Presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas ANEES
El sector de la insolvencia empresarial (las antiguas quiebras) ha vivido un verano de lo más agitado. Lejos de solazarse a la espuma del rompeolas, los Administradores Concursales y las Entidades Especializadas en subasta y venta de activos concursales se han visto —urgidos por un exiguo plazo—, precisados de redactar sus alegaciones al Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que con veraniego compás impulsa el gobierno central.
Dicho Anteproyecto, aboga por dejar a la microempresa con dificultades de tesorería sola frente al proceso concursal. Donde antes contaba con la asistencia de profesionales que actuaban como garantes de su propia pervivencia —en la medida de lo posible—, a la vez que como avales de un proceso ajustado a la legalidad; ahora se ven desasistidos frente a unos formularios tipo (de los que aún se ignora el contenido) y una plataforma electrónica que promete poca eficacia.
¿Puede una empresa insolvente hacerse cargo de su propia insolvencia? ¿Es conveniente desprofesionalizar una fase tan delicada del proceso concursal? De todo esto hemos hablado con Álex Munné, Presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas ANEES.
Una entidad especializada es aquella que, según prevé la ley, se dedica a profesionalizar y agilizar los procesos de venta y subasta de activos concursales (esto es, embargados a empresas insolventes para hacer frente a sus deudas con la liquidez que se obtiene de sus ventas) consiguiendo por su medio, un mejor porcentaje de ventas y un mejor precio por estas. Vital para salvar una empresa concursada.
La Entidad Especializada es un actor crucial en el proceso concursal porque es el que monetiza el activo de una empresa, y todos apreciamos que el valor de la liquidez no es una cuestión menor en este punto.
Con Munné hemos querido hablar para acercarnos al punto de vista de este sector tan esencial frente al Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal que como ya ha recogido la prensa, ha recogido un verdadero aluvión de alegaciones en los quince días que ha permitido:
¿Por qué está resultando tan impopular esta reforma, que ha recibido un aluvión de alegaciones en apenas 20 días de plazo?
«La reforma proyectada se basa en la protección del crédito público aunque ello suponga la desaparición de tejido empresarial e impedir el mecanismo de segunda oportunidad. Esto genera muchas quejas entre el empresariado. También ha generado muchas críticas la apuesta del Gobierno por la desprofesionalización. Se eliminan figuras imprescindibles como el Abogado, el administrador concursal o la entidad especializada, con lo que esto supone de pérdida de independencia y de seguridad jurídica. Evidentemente esto ha generado un aluvión de quejas de los colectivos implicados, que ven cómo se ningunea su trabajo.»
¿Qué va a suponer para la empresa y microempresa española esta reforma de llevarse a cabo tal como la conocemos?
«Una pérdida de garantías procesales y de rigor jurídico, así como una ralentización de sus procesos de insolvencia. Actualmente el 95% de las empresas que se declaran en concurso de acreedores termina en liquidación y no en convenio con los acreedores, y la reforma no va a poner solución a este problema. Además, a efectos prácticos impide el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho de los deudores de buena fe que se han visto golpeados por la crisis y no podrán acceder al mecanismo de segunda oportunidad, manteniendo sus deudas públicas, pero exonerando sus deudas con otras empresas privadas que por tanto tampoco cobrarán sus créditos.
También supone la cobertura pública al fraude de acreedores al dejar las liquidaciones de estas pequeñas empresas en manos del empresario, sin intervención de profesionales externos que garanticen la legalidad de los procesos de liquidación.»
Los administradores concursales dicen que la reforma concursal de las microempresas colapsará los tribunales mientras que el Gobierno afirma que es una medida para aliviarlos ¿quién está, bajo su punto de vista en lo cierto? ¿Por qué?
«Como he dicho, en los concursos de estas empresas desaparece la exigencia de profesionales como el abogado y el procurador, y también la del administrador concursal, que actualmente es el profesional independiente que garantiza la fiabilidad de los procesos.
También se elimina en sus concursos la intervención de la entidad especializada, como herramienta para la maximización del valor de los activos en la liquidación. Al desaparecer estos profesionales, todo el trabajo que actualmente venían haciendo recaerá sobre el juzgado, fundamentalmente sobre el Letrado de la Administración de Justicia, lo que implicará el colapso de los juzgados de lo mercantil, que se verá agravado porque deberán conocer también de los concursos de personas físicas que hasta ahora llevaban los juzgados de primera instancia.»
Una vez recogidas todas las alegaciones ¿esperan un giro de los acontecimientos o una modificación sustancial del proyecto? ¿Qué horizonte nos espera?
«A pesar de que el Gobierno está tramitando el anteproyecto por el trámite de urgencia, y ha reducido las alegaciones públicas a quince días de agosto, ante el gran número de quejas que ha suscitado en el sector, espero que el Ministerio de Justicia sea sensible a lo que ha sido un clamor para los profesionales de la insolvencia. Por tanto, espero que se limen los puntos más conflictivos de la reforma. Además hay que tener en cuenta que todavía está en fase de Anteproyecto y que deberá aprobarse por Ley ordinaria, por lo que aún falta la tramitación parlamentaria, en la que podrán incluirse enmiendas de los diferentes grupos políticos, ya que, como sabemos, ningún partido tiene mayoría suficiente para aprobar una ley, lo que puede conllevar modificaciones, y que el texto final no presente los acusados problemas que generará el actual Anteproyecto en los términos en los que viene redactado.»
