El TSJ admite la demanda colectiva presentada por cientos de agricultores por la inconstitucionalidad de la ley del Mar Menor

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El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha admitido a trámite la demanda colectiva presentada por casi 350 agricultores del Campo de Cartagena contra la mal llamada ley del Mar Menor. Así lo ha explicado hoy el letrado Santiago González Varas, que ha comparecido ante los medios junto a Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio, entidad que ha coordinado y asesorado la acción de los afectados contra un texto legal “con artículos de palmaria inconstitucionalidad”.

La demanda ante los tribunales, realizada por lo contencioso-administrativo, responde a que la vía administrativa se ha agotado ante el reiterado silencio del Gobierno regional. De este modo, y ante el desdén de la Administración murciana, “se abre la vía judicial, por la que se acudirá a todas las instancias que sea necesario”, explicó González Varas, quien representa a los agricultores junto a la letrada Inmaculada de la Fuente Cabero. La dirección jurídica del proceso explicó que “lo que se pretende es el fin o cambio de las restricciones legales impuestas por la normativa del Mar Menor, para que la ley sea acorde a la Constitución Española, que haga compatible la agricultura y el medio ambiente y que sea una ley que no impida el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores de la Región de Murcia”.

La demanda cuenta con adhesión de casi 350 agricultores y está reforzada con informes periciales de sociedades independientes de tasación, de ingenieros agrónomos y de cátedras universitarias. Todos ellos, firmados por reconocidos profesionales, acreditan la acusada devaluación del valor de las tierras del Campo de Cartagena desde la entrada en vigor de la ley y la degradación de la actividad económica en la zona, que afecta también de forma directa a sectores que viven de la actividad agrícola. En suma, que la ley ha metido “de forma consciente” al Campo de Cartagena “en una espiral de degradación económica que lamina el futuro de decenas de miles de ciudadanos de la Región de Murcia pero que, por el contrario, favorece a multinacionales y fondos de inversión que están llenado los campos de placas solares de cristal y hierro”, según los portavoces de FI. Para los demandantes, la ley del Mar Menor es tan clara en este sentido que “resulta llamativa una redacción a todas luces hecha ad hoc al servicio de intereses muy concretos, una hoja de ruta muy bien marcada para favorecer un uso monopolístico de grandes empresas fotovoltaicas”, añade FI.

“El artículo 16 es inconstitucional de cabo a rabo, no se sostiene: vulnera la libertad de empresa en base a razonamientos falsos”, ha explicado el letrado. El artículo 16 del Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, fue copiado y pegado literalmente (se mantienen en ese mismo artículo) en la Ley 3/2020, la del Mar Menor. El artículo hace referencia a la llamada “área de exclusión temporal” entorno a la laguna, básicamente campos de regadíos productivos, con décadas de actividad que ha contribuido al bienestar de la Región. En su punto 4, se advierte que queda excluida toda autorización de actividad económica alternativa en estos campos:

  1. En el Área de exclusión temporal se suspende el otorgamiento de autorizaciones de interés público previstas en los artículos 94.2, 95.2 y 101.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en los siguientes supuestos:
  2. a) Usos industriales, salvo la instalación de plantas fotovoltaicas.
  3. b) Usos comerciales, logísticos y del almacenaje.
  4. c) Usos hoteleros y demás alojamientos turísticos.
  5. d) Uso de restauración.
  6. e) Uso terciario recreativo.
  7. f) Cualquier uso que se encuentre en terrenos inundables.

Es decir, las tierras han de abandonar el uso agrícola, pero nada puede hacerse, salvo poner placas solares. Para los letrados, “este artículo es a todas luces inconstitucional porque aplasta derechos fundamentales, como el de la propiedad o el de la libertad de empresa, y avala abusivas interferencias de la Administración”, en este caso del Gobierno regional.

Los agricultores del Campo de Cartagena, organizados en su inmensa mayoría en torno a la Fundación Ingenio para evitar este atropello perpetrado por el Gobierno regional, consideran que la ley, que fue pactada entre el Gobierno de Murcia y el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, con la influencia del ecologismo radical politizado y con claros intereses subvencionados, ha abierto la puerta a la liquidación de una comarca de regadío muy productivo que sostiene a diez mil familias, empresas y crea millares de empleos y economía para el conjunto de la Región.

Para FI, “la ley es una respuesta sesgada, precipitada y fruto de un contexto de presión política, y por tanto es incompleta y no soluciona la contaminación estructural del Mar Menor”. La ley obvia problemas de contaminación, como los vertidos de aguas residuales de origen urbano, señalado como principal problema de la contaminación del Mar Menor por acreditados científicos. El último de ellos ha sido Brian Lapointe, uno de los mayores especialista del mundo en contaminación de lagunas costeras, que visitó el Mar Menor la semana pasada y aseguró en un seminario en la Universidad de Murcia que el principal factor de su mal estado son los vertidos de aguas residuales de origen urbano y otros elementos de presión por la acción del hombre, como la deficiente red de saneamiento.

En la rueda de prensa se enumeró los artículos de la Ley más lesivos para los agricultores, cuyo beneficio para el estado ambiental del Mar Menor es nulo. Destacaron “la expropiación del suelo de más del 20 por ciento o la imposibilidad de cultivar en los primeros 500 metros del frente costero”. Se justificó que” en Andalucía se expropia con acuerdos entre las administraciones del Estado y la CCAA, y en Murcia se expropia sin pagar un solo euro”. Los intervinientes declararon por qué en la Ley dice expresamente que queda prohibido la aplicación de cualquier tipo de fertilizante, estiércol y abonado en verde, que supone de facto impedir el ejercicio de la agricultura, y no incluyen la prohibición expresa, ya que si fuera así la pérdida de un derecho privado conllevaría por parte de la administración el pago de una indemnización”.

“Las consecuencias, de las que advertimos desde la aprobación de la ley, son que las familias pierden su patrimonio en favor de multinacionales sin cara ni ojos que están liquidando nuestra forma de vida y sustituyendo cubierta vegetal rentable y sostenible por hierro y cristal sobre unos campos que serán irrecuperables cuando estalle la burbuja fotovoltaica”, explica FI. “El Gobierno regional debe explicar por qué legisla a propósito para liquidar el patrimonio familiar de los agricultores y por qué permite que las multinacionales hagan acopio de tierras” de nuestra Región, añade.