Lo ocurrido la semana pasada en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia no debería pasar desapercibido. La concejala de Discapacidad calificó de “mastodonte” un cambiador inclusivo y cuestionó su coste —en torno a 100.000 euros— ante familias de personas con discapacidad presentes en la sala. El término no solo fue desafortunado; fue profundamente doloroso para quienes llevan años reclamando algo tan básico como poder cambiar a sus hijos o familiares con dignidad.
Porque de eso estamos hablando: de dignidad. No de lujo. No de caprichos. No de obras faraónicas.
El argumento de que “hay pocos en España” tampoco se sostiene. Hoy mismo la SER adelantaba que no es así. Y basta mirar a nuestra vecina Cartagena para comprobarlo. Allí, dentro del Plan ‘Cartagena Inclusiva’, se han puesto en marcha dos cambiadores inclusivos: uno en la calle Balcones Azules y otro en el Palacio de Deportes, con una inversión de 150.000 euros financiada por Hidrogea.
La alcaldesa Noelia Arroyo fue clara durante la inauguración: se trata de garantizar derechos básicos y atender a las personas con discapacidad en condiciones dignas. No es solo accesibilidad; es respeto.
El cambiador del centro urbano es el modelo estándar, y el del Palacio de Deportes destaca por su amplitud y diseño, con espacios diferenciados para grúa, inodoro y baño para personas ostomizadas. Ambos cuentan con camillas regulables, grúas y espacio para asistentes. En resumen: soluciones reales a necesidades reales.
Y entonces surge la pregunta inevitable:
¿cómo puede ser que la séptima ciudad de España no tenga un cambiador inclusivo de estas características?
En Murcia existe, además, un espacio que podría reutilizarse de inmediato: la antigua Oficina de Turismo de Gran Vía, actualmente cerrada y sin servicio. Un módulo de este tipo no es un “mastodonte”. Es una infraestructura compacta, funcional y perfectamente integrable en el entorno urbano.
Lo que sí resulta desproporcionado es que en pleno 2026 todavía haya familias que tengan que improvisar cambios en el suelo de un baño público o en el asiento de un coche. Eso sí que debería escandalizarnos.
El debate no debería girar en torno al tamaño o al coste, sino en torno a la voluntad política. Porque cuando hablamos de inclusión, hablar de gasto es quedarse en la superficie. Estamos hablando de derechos.
Murcia no puede permitirse ir por detrás cuando se trata de dignidad. Y mucho menos cuando el ejemplo lo tiene a apenas 50 kilómetros.
Quizá no sea un “mastodonte”.
Quizá lo que necesitamos es un poco más de sensibilidad.
Foto/Ayto Cartagena
