José Ángel Antelo y Virginia Martínez han reclamado este viernes una respuesta “contundente y extraordinaria” del Estado ante la grave invasión migratoria que se vive en Ceuta y Melilla, asegurando que España “está sufriendo un ataque coordinado contra sus fronteras” que exige actuar con todos los medios del Estado.
Los diputados consideran que la situación ha superado cualquier respuesta ordinaria y, por ello, solicitan que el Gobierno declare el estado de sitio y ordene el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para asumir el control de la frontera y garantizar la integridad territorial de España.
“Las fronteras de una nación no pueden quedar abandonadas mientras miles de personas entran ilegalmente en nuestro país. El Gobierno tiene la obligación de proteger a los españoles y defender la soberanía nacional”, han afirmado.
Antelo y Virginia exigen igualmente el cierre inmediato de las fronteras con Marruecos mientras persista la presión migratoria, la identificación de todas las personas que hayan accedido ilegalmente al territorio nacional y su devolución inmediata a Marruecos.
Asimismo, reclaman la suspensión de toda cooperación económica y comercial con Marruecos, la paralización de cualquier financiación pública y la adopción de sanciones diplomáticas y económicas mientras, a su juicio, el país vecino continúe utilizando la inmigración como un instrumento de presión sobre España y sobre la Unión Europea.
En relación con la actuación del Ejecutivo, Antelo y Virginia consideran que deben depurarse todas las responsabilidades políticas y, en su caso, judiciales que pudieran derivarse de la gestión de esta crisis, al entender que el Gobierno ha incumplido su obligación de garantizar la defensa de las fronteras nacionales.
“España no puede seguir soportando un Gobierno que renuncia a defender sus fronteras mientras los españoles pagan las consecuencias en forma de inseguridad, presión sobre los servicios públicos y pérdida de soberanía. Ha llegado el momento de actuar con firmeza para proteger nuestra nación y garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyen.
