JUCIL denuncia dos intentos de embestidas a guardias civiles en Mazarrón

JUCIL, la asociación profesional de la Benemérita más combativa, ha denunciado la grave agresión sufrida por una patrulla del Puesto Principal de Mazarrón durante la madrugada del pasado 29 de septiembre. Los agentes acudieron a la zona de Cala de Siscar, en Punta de Calnegre, tras recibir un aviso relacionado con actividades de «petaqueo» (suministro clandestino de combustible a embarcaciones vinculadas al narcotráfico).

Al dar la orden de alto a una furgoneta y a un turismo, el conductor de la primera arremetió directamente contra uno de los agentes, quien evitó ser arrollado por escasos centímetros en un lugar donde no podía parapetarse. A continuación, el segundo vehículo intentó embestir también a la patrulla. Ante la situación de riesgo extremo, uno de los agentes se vio obligado a realizar un disparo al aire con su arma reglamentaria, logrando detener el vehículo y proceder a la detención de sus dos ocupantes.

Una única patrulla y apoyos con una hora de retraso

JUCIL enfatiza la peligrosidad de que una sola patrulla tuviera que hacer frente a dos vehículos de delincuentes dispuestos a usarlos como armas. Los refuerzos de la Guardia Civil de Alhama de Murcia y la Policía Local de Lorca no llegaron al lugar hasta aproximadamente una hora después de los hechos.

A pesar de que esta vez no se produjeron heridos, JUCIL recalca que se ha rozado una tragedia irreparable y que la suerte no puede seguir siendo el único recurso de los agentes sobre el terreno. El avance del petaqueo en la costa murciana evidencia una delincuencia cada vez más agresiva y dispuesta a emplear vehículos como armas contra las fuerzas de seguridad.

Un historial de advertencias ignoradas por la Administración

JUCIL insiste en que esta intervención no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una situación de abandono que la organización viene denunciando públicamente en la Región de Murcia a lo largo de los últimos meses. Hace sólo unos días, JUCIL desmintió públicamente al delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, sobre la suficiencia de recursos. La asociación advirtió del colapso en la seguridad ciudadana ordinaria al tener que retirar patrullas de las calles de varios municipios para custodiar llegadas de migrantes o realizar traslados. Un mes atrás denunciaba formal ante el Ministerio del Interior por la parálisis del Servicio Marítimo en Murcia, donde gran parte de las patrulleras han permanecido amarradas por averías y falta de mantenimiento, dejando el litoral desprotegido. Y un poco antes denunció la proliferación impune de “narcolanchas” y “petaqueo”, dando la voz de alerta por la “invasión” de embarcaciones que emplean calas aisladas de la costa murciana como bases logísticas, exigiendo mayor contundencia penal y garantías jurídicas para las fuerzas de seguridad.

“Una patrulla acudió a un aviso, dos vehículos intentaron embestir a los guardias civiles, un agente tuvo que efectuar un disparo al aire y los refuerzos llegaron una hora después. Hay un contraste evidente entre el discurso oficial y la realidad operativa. Se está avisando de forma continuada y no se están poniendo los medios necesarios”, recriminan desde la asociación.

Ante el incremento de la agresividad criminal en las costas de Murcia, JUCIL reitera de forma tajante sus exigencias a la Administración:

  • Refuerzo urgente de plantillas en la Región de Murcia. Incremento real de agentes destinados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.
  • Dotación de medios y apoyo inmediato. Vehículos adecuados, renovación de la flota naval y protocolos que garanticen respaldos rápidos a las unidades en servicio.
  • Reconocimiento como Profesión de Riesgo: Inclusión inmediata de la Guardia Civil bajo este precepto legal para dotar a los agentes de la protección laboral y social acorde al peligro que afrontan a diario.

JUCIL concluye manifestando su reconocimiento a la valentía de los guardias civiles de Mazarrón y advierte de que continuará movilizándose para evitar que los agentes queden desprotegidos ante la delincuencia organizada.

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